Instrucción abre diligencias por la gala celebrada a los pies de la Giralda y encarga a la Policía Nacional investigar las contrataciones
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 6, ha acordado la apertura de diligencias previas para investigar la celebración, el pasado 17 de septiembre, de la gala de entrega de los premios de una revista privada en la plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda. Según publicaron el 2 de octubre Diario de Sevilla y El Debate, la magistrada ha dictado un auto en el que admite a trámite la denuncia del partido Iustitia Europa por un posible delito de prevaricación administrativa y, como primera medida, libra oficio a la Policía Nacional para que investigue las decisiones administrativas, contrataciones, autorizaciones y disposiciones de fondos públicos relacionadas con el evento.
La denuncia se dirige contra quienes pudieran resultar responsables de esas decisiones y se centra en el papel del Ayuntamiento de Sevilla, que a través de la sociedad municipal Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa) asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitante de la ocupación de la plaza, un espacio para el que, según el denunciante, la normativa municipal establece una prohibición específica para determinados eventos. De acuerdo con Diario de Sevilla, la aportación pública conjunta ascendió a 36.058 euros: 14.900 euros más IVA del Ayuntamiento, vía Contursa, y otros 14.900 euros más IVA de la Junta de Andalucía, a través de la empresa pública Turismo Andaluz, dependiente de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Ambas aportaciones se formalizaron el 14 de septiembre como contratos menores de patrocinio. La Diputación de Sevilla, también citada en la denuncia, ha negado cualquier participación.
La delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno, explicó tras la polémica que la solicitud de ocupación de la plaza la realizó el propio Ayuntamiento a través de su área de Turismo. El auto, según Diario de Sevilla, exige al partido denunciante que presente querella y preste fianza si quiere ejercer la acusación popular en la causa. Las diligencias se encuentran en una fase inicial y las crónicas no identifican, por ahora, a personas investigadas.
Por qué interesa a la abogacía sevillana
El caso reúne tres cuestiones recurrentes en la práctica de los despachos de derecho administrativo y penal económico de la plaza: el uso del contrato menor y del patrocinio como vía para financiar actos privados con fondos públicos, la autorización de ocupaciones de dominio público en espacios con régimen especial de protección, y los requisitos —querella y fianza— que el juzgado impone a quien pretende sostener la acusación popular. La investigación recae además en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, con sede en Menéndez Pelayo, y su evolución dirá si la cuestión se queda en el terreno administrativo o se consolida como procedimiento penal contra responsables concretos.
Fuente: Diario de Sevilla; El Debate; La Voz del Sur.
