La Junta anuncia una evaluación de los juzgados más afectados por el narcotráfico mientras SPJ-USO denuncia impagos de 2,5 millones al personal de Justicia
El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, anunció el jueves 24 de septiembre en comisión parlamentaria que la Consejería impulsará una evaluación específica de las cargas de trabajo de los órganos judiciales situados en las zonas más golpeadas por el narcotráfico, con el fin de determinar sus necesidades reales y reforzar sus medios. El Gobierno andaluz pedirá esa evaluación al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, una vez identificadas las carencias, analizará qué funcionarios y medios materiales de su competencia debe aportar.
Según recogió Europa Press, el consejero enmarcó la medida en el Plan de Recursos Humanos con el que la Consejería revisará los 85 partidos judiciales andaluces, examinando cargas de trabajo, dimensión de las plantillas, sustituciones y necesidades de refuerzo. Gavira subrayó que el aumento de procedimientos vinculados al tráfico de drogas exige una respuesta coordinada de las administraciones y que la creación de plazas judiciales por el Estado debe ir acompañada de letrados y funcionarios; en sus palabras, «exigiremos al Estado lo que le corresponde». Ni el consejero ni las crónicas parlamentarias concretaron qué partidos judiciales serán evaluados en primer lugar.
El anuncio coincide con un frente abierto con el personal de la Administración de Justicia. El sindicato SPJ-USO denunció este viernes, según informa Diario de Sevilla, que la Junta mantiene impagadas retribuciones a cerca de 9.500 funcionarios de Justicia por un importe que cifra en 2,5 millones de euros, correspondientes a la productividad devengada desde enero de 2026. La Consejería justifica la situación en la negociación de un nuevo modelo de productividad; el sindicato replica que el complemento sigue vigente al amparo del Decreto 156/2006 mientras no se derogue y estudia acciones judiciales para reclamar su abono. A ello suma el recorte de 10,2 millones de euros en sustituciones de personal para el periodo 2026-2030 previsto en el acuerdo suscrito en noviembre de 2025 por la Consejería con CSIF, UGT y CCOO.
Dos días antes, el 22 de septiembre, SPJ-USO había registrado un escrito dirigido al consejero en el que reclama, entre otras medidas, una subida de 300 euros mensuales del complemento específico —que en Andalucía no se actualiza desde 2018— y la apertura de la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración de Justicia.
Por qué interesa a la abogacía sevillana
La evaluación anunciada afecta potencialmente a todos los partidos judiciales de la provincia de Sevilla, no solo a los de las zonas de mayor presión del narcotráfico, porque se integra en un plan que revisa las 85 demarcaciones andaluzas. Y el conflicto retributivo con los funcionarios repercute directamente en el día a día de los despachos: la tramitación de escritos, los señalamientos y la cobertura de bajas y vacantes en las sedes de Palmas Altas, Noga o el Prado de San Sebastián dependen de plantillas que el sindicato describe como sobrecargadas y parcialmente impagadas. Conviene seguir si la Consejería concreta calendario y partidos evaluados, y si el desacuerdo sobre la productividad deriva en movilizaciones que afecten al servicio.
Fuente: Europa Press (vía Teleprensa); Andalucía Información; Diario de Sevilla; SPJ-USO Andalucía.
