El juicio de Magrudis se aplaza al 23 de noviembre a la espera de informes médicos y con el Ayuntamiento fuera de la mesa de negociación
El juicio por el brote de listeriosis de 2019 causado por la carne mechada de Magrudis vuelve a retrasarse. La vista, que la Audiencia Provincial de Sevilla había fijado para el 3 de noviembre tras conceder una semana de margen a las partes, no comenzará hasta el 23 de noviembre, según confirmaron el jueves 29 de octubre fuentes de la negociación a Europa Press. Es el tercer cambio de fecha en un mes: el señalamiento inicial era el 16 de octubre, se pospuso primero al 26 y después al 3 de noviembre.
El motivo de esta nueva prórroga de tres semanas es, según esas mismas fuentes, la necesidad de contar con algunos informes médicos que todavía no han sido analizados y que pueden resultar relevantes para cerrar una conformidad. La decisión se adoptó de común acuerdo entre las partes que negocian, con una excepción: el Ayuntamiento de Sevilla, al que el abogado Manuel Parrilla, que representa a buena parte de los perjudicados, describe como «el único que no se ha sentado a la mesa».
Lo que se intenta evitar es un macrojuicio de más de cuarenta sesiones por un brote que dejó cuatro fallecidos y más de doscientas personas intoxicadas. El escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press en octubre, acusa por un delito continuado contra la salud pública, cuatro homicidios por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto, 235 delitos de lesiones por imprudencia, una defraudación de fluido eléctrico y una falsedad en documento oficial.
La posición del Consistorio no ha variado desde el 23 de octubre. Según explicaron entonces fuentes municipales a Diario de Sevilla y a Sevilla Actualidad, la Fiscalía solo le atribuye la condición de responsable civil subsidiario; la veterinaria municipal que inspeccionó la fábrica, hoy jubilada, está acusada únicamente por las acusaciones particulares, y firmar un acuerdo extrajudicial supondría asumir una responsabilidad que corresponde declarar al tribunal. Si hay condena, el Ayuntamiento pagará lo que le corresponda y renunciaría a los cerca de 100.000 euros que reclama como acusación particular.
Las acusaciones, por su parte, cifran las indemnizaciones en torno a diez millones de euros. Según la información publicada por 101TV el 27 de octubre, las aseguradoras municipales habrían consignado ya más de seis millones, de modo que los letrados reclaman al Ayuntamiento que cubra los aproximadamente cinco millones restantes. En un comunicado difundido el 24 de octubre, los abogados Parrilla y Germán Grima sostuvieron que la obligación de indemnizar nace de la responsabilidad patrimonial objetiva de la Administración (artículo 106.2 de la Constitución y artículo 32 de la Ley 40/2015), sin necesidad de esperar a una condena penal de la funcionaria.
El procedimiento llega a la Audiencia tras un auto de apertura de juicio oral dictado en noviembre de 2022 por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla. Sin acuerdo antes del 23 de noviembre, el tribunal tendrá que celebrar la vista íntegra.
Por qué interesa a la abogacía sevillana. El caso se ha convertido en un ejemplo poco habitual de negociación de conformidad en una macrocausa con centenares de perjudicados, varias aseguradoras y una Administración como responsable civil subsidiario. La cuestión de fondo, si el Ayuntamiento puede adherirse a un pacto indemnizatorio sin que ello implique reconocer la responsabilidad penal de su empleada, y si la vía de la responsabilidad patrimonial de la Ley 40/2015 abre a las víctimas un camino paralelo al penal, seguirá abierta durante las tres semanas que quedan hasta el nuevo señalamiento.
Fuente: Sevilla Actualidad (29-oct) · Europa Press vía Teleprensa (29-oct) · 101TV (27-oct) · Diario de Sevilla (23-oct) · Diario de Sevilla (24-oct)
